Estudio Jurídico Córdoba | Abogados & Consultores

El despido verbal no tiene ninguna validez legal en Argentina (Art. 243 LCT). Si dejás de concurrir a tu puesto simplemente porque te lo ordenaron de palabra, tu empleador puede intimar y alegar "abandono de trabajo" (Art. 244). Lo que corresponde hacer de inmediato es enviar un telegrama laboral gratuito (Ley 23.789) intimando a que aclaren tu situación laboral en 48 horas bajo apercibimiento de despido indirecto. Zara o nuestro equipo te redactan la intimación exacta en minutos.

Con la Ley 27.742 (Bases), las multas automáticas que duplicaban la liquidación (antiguas leyes 24.013 y 25.323) fueron derogadas. Sin embargo, seguís teniendo derecho al 100% de tu indemnización por antigüedad (Art. 245 LCT), mes de preaviso, integración del mes de despido, aguinaldo proporcional (SAC), vacaciones proporcionales no gozadas y el reclamo de todas las diferencias salariales de convenio por el sueldo real que percibías.

La renuncia obtenida bajo coacción, amenaza o engaño es nula de nulidad absoluta (Art. 260 LCT y Art. 276 CCCN). Es fundamental impugnar de inmediato el telegrama de renuncia mediante un nuevo telegrama laboral demostrando que tu consentimiento estuvo viciado, reclamando la totalidad de la indemnización por despido intempestivo e incausado.

El plazo de prescripción en materia laboral en Argentina es de dos (2) años contados desde que el crédito se tornó exigible (Art. 256 LCT). Es decir, desde la fecha del despido o de la deuda salarial no abonada. Pasado ese tiempo sin reclamo formal fehaciente, el derecho prescribe y no se puede demandar en juicio.

Sí, mediante la figura del ejercicio abusivo del poder de dirección ("ius variandi", Art. 66 LCT). Tu empleador no puede alterar unilateralmente condiciones esenciales del contrato que te generen perjuicio moral o económico. Se debe intimar por telegrama laboral para que restablezcan tus condiciones habituales bajo apercibimiento de considerarte despedido con derecho a indemnización completa.

La indemnización por antigüedad (Art. 245 LCT) debe calcularse obligatoriamente sobre tu mejor remuneración mensual real, incluyendo la porción abonada fuera de recibo. En el proceso judicial se acredita la remuneración total mediante testigos, transferencias bancarias, mensajes y pericias contables para cobrar la liquidación correspondiente al sueldo verdadero.

No, el trabajador no paga nada por adelantado. Por ley, gozás del beneficio de gratuidad procesal (Art. 20 LCT), no pagás sellados ni tasa de justicia en los tribunales laborales de Córdoba. En nuestro estudio trabajamos bajo la modalidad de cuota litis (a resultado): cobramos nuestros honorarios únicamente si vos ganás y cobrás tu indemnización.

La ley presume que ambos progenitores deben alimentos a sus hijos menores (Art. 658 CCCN). Si quien debe pagar trabaja de forma informal o autónoma, los jueces de familia de Córdoba fijan la cuota tomando como parámetro la Canasta Básica Total del INDEC o porcentaje de ingresos presuntos. Además, el cuidado diario que brinda el progenitor conviviente tiene valor económico reconocido por ley (Art. 660 CCCN).

El plazo es fatal e improrrogable: tenés exactamente seis (6) meses desde que se dictó la sentencia de divorcio (Art. 442 CCCN) o desde que cesó de hecho la unión convivencial (Art. 525 CCCN). Si transcurren los 6 meses sin interponer la demanda judicial correspondiente, el derecho caduca de pleno derecho para siempre.

La obligación alimentaria es automática e inexcusable hasta los 21 años de edad (Art. 658 CCCN). Si el hijo continúa estudiando una carrera universitaria, terciaria o formación laboral que le impide proveer a su propio sustento, la ley extiende la obligación hasta los 25 años cumplidos (Art. 663 CCCN).

Los Juzgados de Familia aplican medidas coercitivas muy efectivas (Art. 553 CCCN): embargo de sueldos o cuentas bancarias, inhibición general de bienes, inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de Córdoba, retención del carnet de conducir, prohibición de ingreso a clubes y prohibición de salida del país.

Si no se arriba a un convenio conjunto, se promueve la liquidación judicial del régimen de comunidad (Art. 496 CCCN). Se efectúa un inventario judicial de todos los bienes muebles, inmuebles, vehículos y fondos adquiridos a título oneroso durante el matrimonio para su distribución en partes iguales (50% para cada cónyuge).

Si la convivencia superó los dos años continuos, podés reclamar: atribución de la vivienda familiar si tenés a cargo el cuidado de hijos menores (Art. 526 CCCN), compensación económica por desequilibrio patrimonial manifiesto (Art. 524 CCCN) y división de los bienes comprados en condominio o titularidad conjunta.

Se debe interponer una medida judicial urgente de fijación de régimen de comunicación y contacto ante los Tribunales de Familia de Córdoba, solicitando audiencia inmediata. La obstrucción injustificada del vínculo filial es pasible de sanciones conminatorias económicas (astreintes) y denuncias en sede penal.

Tenés dos reclamos paralelos y acumulables: primero, ante la ART de tu empleador (Ley 24.557), que cubre asistencia médica, salarios durante la licencia y la indemnización tarifada por secuela física; y segundo, el reclamo civil contra el conductor y la aseguradora del vehículo que causó el choque por daño emergente, lucro cesante y daño moral.

El plazo legal para realizar la denuncia administrativa ante la compañía de seguros es de tres (3) días hábiles desde el siniestro (Art. 46 Ley 17.418). Para demandar judicialmente al responsable y su aseguradora, el plazo de prescripción civil es de tres (3) años contados desde el día del hecho (Art. 2561 CCCN).

Debés apelar el alta médica dentro de los tres (3) días hábiles ante la Comisión Médica Jurisdiccional de la SRT. No firmes el alta en conformidad y obtené un certificado de reposo de tu médico particular. Si la ART persiste en el alta indebida, iniciamos la acción judicial laboral de inmediato.

Una vez que la Comisión Médica o la pericia judicial determina el porcentaje de incapacidad física o psicológica, la ART debe liquidar el pago mediante la fórmula legal tarifada (Ingreso Base Mensual × porcentaje × factor de edad) directamente en tu cuenta bancaria en un plazo máximo de 15 días posteriores a la homologación.

Sí, tenés derecho al 100% de la indemnización. El acompañante o tercero transportado no tiene ninguna culpabilidad en el hecho vial y está plenamente cubierto tanto por el seguro del rodado en el que viajaba como por el seguro del otro vehículo involucrado, cubriendo secuelas, gastos y daño estético.

Guardá constancia de denuncia policial o judicial, datos de la póliza y registro del otro conductor, fotografías del impacto y del lugar, copias de la historia clínica, radiografías, resonancias magnéticas, recetas médicas y absolutamente todos los comprobantes de gastos en farmacia, prótesis y traslados.

Sí. Patologías de columna (hernias de disco, lumbalgias), síndrome del túnel carpiano o hipoacusia originadas por las tareas habituales de tu puesto son indemnizables por la ART. Si la ART rechaza el siniestro catalogándolo de "inculpable", se revierte mediante dictamen médico en sede judicial en Córdoba.

Ningún coheredero tiene derecho al uso exclusivo y gratuito de un bien indiviso (Art. 2328 CCCN). Los demás herederos tienen derecho a exigir por carta documento un canon locativo mensual proporcional a su parte hereditaria a partir de la intimación, o solicitar la venta y partición judicial del inmueble.

Se requiere: partida de defunción original del causante, partidas de nacimiento de los herederos (para acreditar parentesco), partida de matrimonio (si era casado/a) y copia de las escrituras o títulos de propiedad de los inmuebles, campos o automotores que forman la herencia.

Gracias a la tramitación electrónica del Sistema de Administración de Causas (SAC) de Córdoba, una declaratoria de herederos sin conflicto entre partes suele completarse entre tres (3) y cinco (5) meses, incluyendo la publicación de edictos digitales y la resolución judicial firme.

Sí. Una vez dictada la declaratoria de herederos por el juez, se puede solicitar la inscripción de la venta mediante "tracto abreviado" directamente ante escribano público, vendiendo a un tercero sin necesidad de inscribir previamente los bienes a nombre de todos los herederos.

En el régimen argentino rige de pleno derecho la aceptación con beneficio de inventario (Art. 2317 CCCN). Los herederos jamás responden con su propio patrimonio personal por las deudas del causante; los acreedores solo pueden cobrarse con los fondos o bienes que integran la masa hereditaria.

No de forma total. La ley argentina protege a los "herederos forzosos" (hijos y cónyuge) mediante la porción legítima inviolable (Art. 2444 CCCN), que es de dos tercios (66,6%). Solo sobre el tercio restante (33,3%) una persona puede disponer libremente por testamento para beneficiar a quien decida.

Los honorarios profesionales están regulados por la Ley Arancelaria de Córdoba (Ley 9459) sobre la base del valor de los bienes. En nuestro estudio no cobramos honorarios de golpe: establecemos un esquema de cuotas fijas a lo largo del proceso para que la familia pueda tramitar la herencia con total tranquilidad.

Sí, las entidades bancarias tienen un deber de seguridad objetivo e indelegable (Art. 40 Ley 24.240 y Comunicación BCRA). Deben contar con sistemas antifraude que frenen transacciones inusuales. Lo primero es hacer la denuncia penal e interponer una medida cautelar judicial urgente para ordenar al banco que suspenda de inmediato el débito de las cuotas.

Conforme al Art. 26 de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, los registros crediticios no pueden almacenar información de deudas por más de cinco (5) años (o dos años si ya fue pagada). Se envía intimación legal de supresión y si no te eliminan, se demanda judicialmente por daño moral y afectación al crédito.

Sí. El Art. 34 de la Ley 24.240 y el Art. 1110 del CCCN te otorgan el derecho irrevocable de revocación ("botón de arrepentimiento") dentro de los 10 días corridos desde que recibiste el producto. La empresa debe reembolsar el 100% de lo pagado y hacerse cargo de los gastos de flete y devolución.

Sí. En los tribunales de Córdoba se obtienen medidas cautelares que ordenan a las automotrices retrotraer y topear el valor de las cuotas mensuales, atándolas a la evolución del índice de salarios (RIPTE) o inflación por falta de información clara y aumentos abusivos de la cuota pura.

Se interpone de inmediato una Acción de Amparo de Salud con solicitud de Medida Cautelar Innovativa. En un plazo de 48 a 72 horas hábiles el juez federal o provincial ordena la cobertura integral al 100% de la prestación, medicación o intervención bajo apercibimiento de multa y denuncia penal.

Sí. El Art. 35 de la Ley 24.240 prohíbe taxativamente imponer servicios o seguros no solicitados expresamente. Podés exigir la baja inmediata y el reintegro de todos los importes cobrados en los últimos 3 años con intereses, más una sanción ejemplar de daño punitivo a tu favor.

Sí, en su totalidad. Todo establecimiento que abre sus puertas al público tiene una obligación tácita de seguridad e indemnidad hacia los usuarios (Art. 5 Ley 24.240). Los carteles de "la empresa no se responsabiliza por robos o roturas" son nulos de pleno derecho y no tienen valor legal ante la justicia.

Conforme al Art. 272 del Código Procesal Penal de Córdoba, la fiscalía debe recibir declaración al imputado dentro del plazo de 24 horas desde la aprehensión, prorrogable por otras 24 horas fundadas. La designación inmediata de un abogado penalista particular garantiza tomar vista previa de las pruebas del expediente.

El principio constitucional es la libertad durante el proceso penal (Art. 280 CPP Cba). El abogado defensor solicita formalmente el cese de prisión preventiva o control de detención demostrando arraigo domiciliario, familiar y laboral, acreditando que no existe peligro procesal de fuga ni de entorpecimiento.

Tiene derecho a: guardar silencio sin que ello genere presunción de culpa, conocer de inmediato el motivo y fiscalía a cargo de la detención, realizar una llamada telefónica para dar aviso a un familiar o abogado y entrevistarse a solas con su letrado defensor antes de declarar.

Se solicita en el acto ante la Unidad Judicial o Juzgado de Violencia Familiar de Córdoba: orden de restricción de acercamiento y exclusión del hogar del agresor, custodia policial preventiva y entrega de botón antipánico o monitoreo por dispositivo dual electrónico.

Es una solución legal (Art. 76 bis Código Penal) para delitos con penas en suspenso que permite suspender el juicio a cambio de realizar tareas comunitarias y reparar el daño causado. Si se cumple el plan de conducta en el plazo fijado, la causa penal se extingue definitivamente sin dejar antecedentes.

Transcurridos los plazos legales del Art. 51 del Código Penal (10 años desde la extinción de la pena o 2 años para condenas condicionales o sobreseimientos), se promueve el trámite de caducidad registral para que el certificado de antecedentes vuelva a salir completamente limpio.

Sí. Nos constituimos formalmente como Querellante Particular en representación de la víctima o su familia en los tribunales de Córdoba, colaborando activamente con el fiscal, aportando peritos propios, solicitando allanamientos y reclamando el resarcimiento civil de los daños.

El plazo de prescripción cambiaria ejecutiva de un cheque es de un (1) año contado desde la fecha de rechazo bancario (Ley 24.452). En los pagarés, el plazo es de tres (3) años desde su vencimiento (Decreto-Ley 5965/63). El juicio ejecutivo permite trabar embargos sobre cuentas bancarias del deudor en menos de 72 horas.

Dispone de dos figuras concursales previstas en la Ley 24.522: el Concurso Preventivo, que frena de inmediato embargos, ejecuciones y remates permitiendo negociar quitas y plazos de pago a largo plazo; y el Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), homologable con menores costos judiciales.

Se remite Carta Documento de intimación fehaciente constituyendo en mora e interrumpiendo la prescripción. Si no abona, se promueve la demanda judicial de cobro de pesos con solicitud de embargo preventivo. Si contás con Factura de Crédito Electrónica MiPyME aceptada, la ejecución es directa y expeditiva.

Ambas limitan la responsabilidad económica al capital suscripto. La SAS (Sociedad por Acciones Simplificada) destaca por su registro 100% digital, objeto amplio y posibilidad de tener un único dueño (unipersonal), mientras que la SRL sigue siendo la opción tradicional preferida por grandes entidades bancarias.

Se logra manteniendo el 100% del personal debidamente registrado desde el primer día, documentando sanciones disciplinarias por telegrama y eliminando la contratación irregular de monotributistas para tareas dependientes, lo que bloquea la extensión de responsabilidad solidaria a directores (Art. 54 Ley 19.550).

No deben faltar: índice claro de ajuste periódico (IPC / ICL), facultad de rescisión anticipada con preaviso, cláusula penal por mora diaria, garantías líquidas (seguro de caución) y prórroga expresa de jurisdicción a los Tribunales de Córdoba.

El registro formal ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) otorga el derecho exclusivo de uso de la marca en todo el país por diez (10) años renovables. Sin registro, cualquier competidor puede registrar el nombre antes y obligarte judicialmente a cambiar de marca y pagar daños.